El diputado presentó un proyecto luego de los sucesivos episodios delictivos denunciados.

El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, presentó un proyecto de ley que incorpora la figura de «vandalismo rural» en el Código Penal a raíz de los ataques a los silobolsas que se vienen registrando en campos del interior del país desde enero y que se intensificaron durante el confinamiento.

La iniciativa de Massa, que también suscribe el diputado Ramiro Gutiérrez, tiene como objeto frenar los ataques a los silobolsas que almacenan la producción de soja que vienen sufriendo productores agropecuarios en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

El proyecto propone equiparar los ataques a esos elementos de almacenaje como delito contra la propiedad e incorporar la figura de «vandalismo rural» al Código Penal con penas de prisión que oscilan entre los dos y cinco años.

La intención de la iniciativa es que este nuevo delito opere «como un daño especial y agravado cuando se afecta el desempeño o explotación de un establecimiento rural» para poder proteger ese ciclo de la producción de la economía nacional.

Los ataques penados incluyen cosechas, silobolsas, tolvas o cualquier unidad de almacenamiento.

De acuerdo al actual Código Penal se considera «estrago» a los daños a cualquier tipo de unidad de almacenamiento de cosechas, pero son de «aplicación imposible como defensa de la propiedad», ya que se enmarcan dentro de los llamados «delitos contra la Seguridad Pública», requiriendo para su configuración una lesividad superior y diferente a las del daño a la propiedad privada.

El proyecto propone además penas de hasta 12 años de prisión por liberación de patógenos, tóxicos o energía, emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación, derrumbe, o cualquier otro proceso destructor que puede causar el delito de estrago y que genere un peligro para la vida.
Subrayó que el avance de la tecnología y las formas de producción y explotación de bienes y servicios «requieren de una nueva fórmula legal que, sin caer en una tipicidad casuística, resulte abarcativa frente a posibles acciones u omisiones de gran impacto, lesividad social y afectación de la seguridad pública».