Tanto Confederaciones Rurales (CRA), como la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación Agraria (FAA) rechazaron la iniciativa del gobierno de intervención del grupo.
“Las autoridades del Ejecutivo han dispuesto intervenir no sólo una empresa privada, sino sobre otro poder del Estado. Es decir, se metió de lleno en una empresa que está en pleno proceso de concurso en la justicia, quitándola de ese ámbito. Esto es de una gravedad institucional que nos alarma, puesto que atenta contra el principio constitucional de división de poderes y rompe el sistema de pesos y contrapesos diseñado por nuestros constituyentes para que hubiese control entre los poderes”, señaló FAA por medio de un comunicado.
“A esto hay que sumarle que esa intromisión de un poder en la labor del otro también se da entre jurisdicciones diferentes: el poder nacional afecta lo actuado por el poder judicial de una provincia, en este caso la santafesina, por lo que también socava los principios del federalismo”, añadió FAA.
“Nadie duda de que la gestión de (el directorio de) Vicentin fue deficitaria. Que las deudas que mantiene, con privados y con la banca pública son enormes y deben resolverse, es decir que debe asegurársele a los acreedores el pago de esas obligaciones contraídas. Sin embargo, no queda claro por qué debemos ser todos los argentinos, a través de una nacionalización, los que debamos saldarlas. Cabe la pregunta, ¿si los dueños de una empresa pidieron dinero, lo malgastaron o lo administraron mal, por qué debemos ser todos los argentinos los que, una vez más, debamos afrontar ese peso?”, sostuvo la entidad federada.
Por su parte, los dirigentes de CRA indicaron –también por medio de un comunicado– que “las actividades y criterios de los empresarios privados y el manejo de sus empresas tienen a la justicia como evaluadora y sancionadora de sus conductas, pero si aceptamos que el Poder Ejecutivo arremeta contra los jueces naturales, habremos convalidado la quiebra del principio republicano de la división de poderes”.
CRA además alertó que “vemos que hay una línea orientativa del gobierno (nacional) para avanzar sobre las empresas privadas y la historia de la Argentina demuestra que los avances del Estado sobre las empresas privadas no han sido positivos”.
En tanto, las autoridades de SRA señalaron que “la historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar”.
“El Estado, a través de la Justicia, cuenta con los medios e instrumentos para canalizar el concurso preventivo de este importante operador del mercado de granos y al mismo tiempo fortalecer las instituciones y los derechos de propiedad”, remarcaron.
Por su parte, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) es la única de las cuatro entidades gremiales que integra la Comisión de Enlace Agropecuaria que apoyó el proyecto de intervención y expropiación.
Carlos Iannizzotto, presidente de la entidad, aseguró que la decisión de intervenir el grupo Vicentín con el propósito de expropiarlo “es clave” para “sostener las fuentes de empleo, mantener la cadena de pagos y asegurar que el productor esté a salvo”.
