Es porque el proyecto presentado incorpora la eliminación de una exención impositiva que regía para las viviendas rurales.

Cambiemos y el PJ Federal acordaron en el Congreso avanzar con una suba de alícuotas del impuesto a los Bienes Personales y, en medio de la iniciativa, apareció una novedad: la eliminación de una exención a las viviendas rurales, por lo que el campo deberá soportar una mayor presión fiscal.

El proyecto para elevar la alícuota de Bienes Personales, según detalla Agrovoz, fue presentado este miércoles en la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión por el Presupuesto 2019 y con el Consenso Fiscal firmado por el presidente Mauricio Macri y los gobernadores como telón de fondo.

Se trata de otro esfuerzo que pedirán el Gobierno y los gobernadores oficialistas y opositores al sector rural, luego de que se volvieran a imponer retenciones a todas las exportaciones por dos años, con el objetivo de recaudar 280.000 millones de pesos extra, para amortiguar el recorte del gasto público.

El objetivo del oficialismo y el “peronismo dialoguista” es que esta iniciativa avance rápido, confirmaron a este medio fuentes de ambos bloques. Por ello, la Comisión de Presupuesto y Hacienda debatirá el tema esta semana o la siguiente.

La gran novedad de los cambios acordados es que el proyecto de reforma deroga la exención que tenían los inmuebles rurales. Desde 2019, los que estén arrendados, inexplotados o afectados a explotaciones unipersonales, pasarán a tributar.

“El campo paga el ajuste. Esto se suma a la posibilidad de que el Gobierno suba los derechos de exportación al 33 por ciento, lo cual está en el Presupuesto 2019. Más la no aplicación del ajuste por inflación”, dijo a este medio el tributarista Marcelo Rodríguez, CEO de MR Consultores.

En la ley 25.063 (promulgada el 30 de diciembre de 2008) por la que entró en vigencia el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (IGMP) se introdujo una exención en la ley del Impuesto sobre los Bienes Personales, destinada a evitar una doble imposición sobre los inmuebles rurales.

Eso significa que la exención en Bienes Personales resulta aplicable solamente a las propiedades ubicadas en campos que resulten ser sujetos del IGMP. Es decir, cuando el inmueble rural se encuentre arrendado o inexplotado debe tributar el IGMP, por no estar aplicado a una explotación.

En mayo de 2016, la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario de la Afip sobre este tema y dejó firme un fallo de segunda instancia según el cual “los inmuebles rurales de personas físicas no se encuentren alcanzados por el Impuesto sobre los Bienes Personales” en ningún caso.

Pero ahora, en medio del plan de ajuste fiscal, por iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso vuelve sobre esto y busca que los inmuebles rurales sí paguen Bienes Personales. Rodríguez explicó que la gestión Macri busca esto porque, a partir del 1° de enero de 2019, el IGMP estará derogado.