En el sector ya comienzan a mirar con preocupación un nuevo aumento de las retenciones. En el gobierno estarían analizando llevar las retenciones al maíz del 12 al 15%. Lo anunciarían la semana que viene.
Más allá de que la suba de precios de los granos generará al gobierno ingresos extra por 10 mil millones de dólares, la intención de un sector del Frente de Todos es impedir que la renta extraordinaria quede en manos de exportadores y productores. Por eso hay planteos que buscan subir las retenciones. Martín Guzmán no incluyó en el presupuesto 2021 éstos ingresos porque no estaba previsto esta suba de precios en el sector.
En el caso de la soja dónde ya se cobran 33% por ciento de impuestos se volvería demasiado conflictivo para el gobierno. Los productores además de paralizar la comercialización harían planteos judiciales.
Pero el gobierno analiza por estas horas subir las retenciones en el maíz.
Para el caso del trigo y del maíz que tienen el 12% y las pueden llevar al 15%. Si quieren ir más arriba del 15%, lo deben hacer con la aprobación del congreso.
El mes pasado la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró que en el Gobierno nacional «no se descarta una suba de retenciones» a las exportaciones de materias primas para frenar la suba en los precios de los alimentos, y volvió a encender alarmas en el sector agropecuario que, a través de algunos de sus dirigentes, ya salió a rechazar esa idea.
La fijación de las retenciones son, por Constitución, una de las facultades que tiene el Congreso. Sin embargo, en 1981, durante el gobierno de facto, a través del código aduanero se delegó la facultad al poder ejecutivo e, históricamente fue el presidente quien tomó estas medidas. El Congreso fue autorizado a modificar impuestos al ejecutivo, pero siempre con límites y plazos.
En la actualidad, por la ley 27542 de Solidaridad social y reactivación productiva, aprobada por el Congreso en diciembre de 2019, el presidente Alberto Fernández puede aumentar las alícuotas hasta un 33% en soja, un 15% en granos y un 5% en los productos agroindustriales de las economías regionales. Esa potestad la tiene hasta fines de este año.
