La empresa láctea Alimentos Refrigerados Sociedad Anonima (ARSA) cerró definitivamente sus plantas luego de que la Justicia Comercial ordenara su liquidación, tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en abril de 2024. La decisión judicial, formalizada en noviembre de 2025, puso fin a la actividad industrial de la firma y dejó sin trabajo a cerca de 400 empleados en dos provincias.
El impacto más fuerte se sintió en la ciudad de Lincoln, donde la compañía mantenía una histórica planta que empleaba a unos 180 trabajadores. Allí, la paralización de las líneas de producción marcó el cierre de una etapa productiva que durante décadas formó parte del entramado económico local.
La situación se replicó en Monte Cristo, donde otros 200 operarios quedaron desvinculados tras el cese total de actividades. Con ambas plantas fuera de funcionamiento, la empresa concluyó su presencia en el país.
Fin del proceso concursal
La firma había solicitado concurso preventivo en 2024 en un intento por reestructurar pasivos y sostener la operatoria. Sin embargo, al no alcanzar acuerdos que garantizaran la continuidad, el proceso avanzó hacia la quiebra y la liquidación de bienes.
El fallo judicial incluyó la clausura de las instalaciones y la inhibición general de activos, cerrando definitivamente una trayectoria vinculada a la elaboración de yogures, flanes y postres refrigerados.
Parte de su producción se realizaba bajo licencia de la cooperativa SanCor, lo que le permitía competir en el segmento de postres refrigerados dentro del mercado nacional.
Consecuencias sociales y económicas
En Lincoln, la fábrica era uno de los principales empleadores privados. Según fuentes gremiales, numerosos trabajadores contaban con más de 20 años de antigüedad y algunos superaban las tres décadas en la actividad.
El cierre genera un fuerte impacto en la economía regional, no solo por la pérdida directa de puestos de trabajo, sino también por el efecto indirecto en proveedores, transportistas y comercios vinculados a la actividad.
Al justificar su crisis financiera ante la Justicia, la empresa había señalado la caída del consumo interno, el aumento de costos operativos, el encarecimiento de la materia prima y los desequilibrios en la cadena de pagos como factores determinantes de su deterioro.
Con la liquidación en marcha, se abre ahora un proceso que definirá el destino de los activos y las posibles alternativas para los trabajadores afectados, en un contexto complejo para la industria láctea.
