Los seis gobernadores que batallan la reactivación del millonario reparto a las provincias del Fondo Sojero -derogado por un DNU de Mauricio Macri en agosto de 2018- desembarcaron en la Corte Suprema de Justicia para defender -en audiencia de conciliación- el reclamo a Nación, pero las partes no lograron a arribar a un acuerdo y el máximo tribunal abrió un plazo de 90 días en pos de que intenten negociar una salida al conflicto.
La pulseada fue seguida con atención por los cinco miembros de la Corte: Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Los 90 días expirarán a fines de septiembre, muy cerca de los comicios presidenciales del 27-O.
El Fondo Sojero había sido gestado en 2009 por un decreto de la por entonces presidente Cristina de Kirchner para financiar obras, y se nutría del 30% de las retenciones a las exportaciones de soja. Pero Macri lo derogó en agosto de 2018 (DNU 756/2018), en medio de nuevas negociaciones con el FMI para achicar el déficit fiscal. En las provincias estiman que dejaron de percibir al menos u$s 1.000 millones.
El portavoz en la Corte de la argumentación de la Casa Rosada fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien remarcó que el contexto en el que se creó el FoFeSo “es sustancialmente diferente” al contexto en el que el Presidente lo derogó, producto del aumento en las transferencias de coparticipación a las provincias. Acompañó ese posicionamiento además el procurador General del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías.
La audiencia dibujó una postal de pulseada por fondos Nación-provincias que se convirtió casi en una rareza, luego de un semestre de fuerte impronta electoral marcado por la escalada de comicios provinciales desdoblados y el cierre de listas de candidatos nacionales del pasado sábado.
Con ese telón de fondo, desde despachos nacionales aseguraron a Ámbito.com que “son sólo 6 provincias las que hicieron la demanda” y que además “3 de esas 6 firmaron la adenda al Consenso Fiscal” (en referencia a Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Chubut). “Ahora hay 90 días para conciliar, y si no decide la Corte”, remarcaron. Pero los gobernadores y otros funcionarios provinciales no ocultaron su malestar tras el encuentro. “De la audiencia salimos con una respuesta inesperada, porque se dispuso un plazo de 90 días para que las partes puedan seguir charlando; seguiremos con nuestro reclamo de inconstitucionalidad del decreto: queremos que nos devuelvan el dinero que hemos dejado de percibir, no estamos en una postura de conciliación”, disparó sin medias tintas Bertone.
En sintonía, el Fiscal de Estado de Santa Cruz, Fernando Tanarro, remarcó que su provincia seguirá “sosteniendo que el decreto que eliminó el Fondo es inconstitucional”. “Desde Nación han dado una explicación muy confusa alegando caída de recursos, refiriéndose a variables internacionales y al acuerdo con el FMI, cuestiones que desde ningún punto de vista pueden justificar su eliminación”, argumentó.
