Las entidades que representan más del 90% de la exportación argentina de frutas frescas (cítricos, manzanas, peras, arándanos, y cerezas) expresaron “profunda preocupación” por la falta de respuesta a las solicitudes que vienen realizando a las autoridades del gobierno nacional.
“Estamos atravesando una crisis terminal y necesitamos medidas urgentes”, afirmaron, por medio de un comunicado, las cámaras frutícolas Federcitrus (cítricos), CAFI (peras y manzanas), ABC (arándanos) y CAPCI (cerezas). Solicitaron “eliminar los derechos de exportación e incrementar a sus valores originales los reintegros de las posiciones del Capítulo 08 de la Nomenclatura Común del Mercosur”.
Desde el sector frutícola apuntan que la reinstalación de derechos de exportación (decreto N° 793/18) y la baja de los reintegros de impuestos indirectos (decreto N° 767/18), “golpearon fuertemente toda la actividad que son motor de las economías regionales de nuestro país”.
Las frutas quedaron grabadas con la alícuota máxima de 4,0 pesos por dólar exportadora, “situación que fue reconocida como un error en innumerables reuniones con los distintos ministerios y secretarías del gobierno nacional, dado que se reconoce al sector como un sector de alto valor agregado, con lo cual el máximo tributo a la exportación debería ser de 3,0 pesos por dólar, igualmente paralizante de la actividad exportadora de producciones regionales, la mayoría en procesos de estancamiento o supervivencia”.
Además solicitaron establecer un plazo mayor para abonar los derechos de exportación de todas las posiciones correspondientes a frutas “como forma de aliviar la carga financiera de los exportadores de frutas frescas y productos agroindustriales”.
Los plazos para el pago de los derechos de exportación –apenas 15 días– complican al sector “más teniendo en cuenta el altísimo costo de financiamiento, lo que implica un enorme esfuerzo financiero para el cumplimiento de dichos plazos, teniendo que pagarlos antes de cobrar las exportaciones. Aun habiéndose extendido hasta 60 días, aunque sólo para las Pymes, el sector viene reclamando, en función del perfil de los acuerdos con importadores, un plazo mínimo de 120 días para el pago de los derechos”.
También exigieron adelantar la vigencia del mínimo no imponible de $ 12.000 para estas actividades regionales que son mano de obra intensiva y flexibilizar el sistema de cálculo sobe cumplimiento tributario de la Afip.
El sector frutícola argentino en 2008 había alcanzado 1.500.000 toneladas de fruta de exportación, mientras que en 2017 la cifra fue de apenas 750.000 toneladas. “No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Existe potencial para crecer pero necesitamos medidas que nos hagan competitivos y que incentiven a los sectores a invertir, generando más puestos de trabajos y mejorando las economías de provincias, en muchos casos con altos índices de pobreza”.
