Las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca resolvieron extender la aplicación del sistema Bolsatech para la campaña de soja 2019/20.

La cláusula Bolsatech –contenida en contratos forwards– indica que “en caso de detectarse la presencia de tecnologías patentadas, se proporcionará dicha información al propietario de dicha tecnología”.

Es decir: no habilita a realizar descuentos compulsivos por cobro de regalías en las liquidaciones realizadas a los productores, a menos que éstos voluntariamente así lo hayan dispuesto por medio de la firma de la “licencia de uso” del evento de Monsanto (compañía controlada por Bayer Crop Science).

A partir de lo dispuesto por la resolución 27/20, publicada este martes en el Boletín Oficial, se habilitó a tomar dos muestras de grano en el primer punto de entrega de la soja 2019/20 (acopio, industria o terminal portuaria), las cuales serán analizadas por los laboratorios de las Bolsas de Cereales y de Comercio –con el aval oficial del Instituto Nacional de Semillas–para detectar el evento RR2 PRO de Monsanto-Bayer (“Intacta”).

En lo que respecta a los demás productos controlados por el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) –maní, arroz, trigo, algodón, arveja y cebada– la resolución 27/20 especifica que “le serán extraídas únicamente al productor o remitente, que el Instituto Nacional de Semillas (Inase) determine, dos muestras de grano en el primer punto de entrega para la verificación del cultivar utilizado para la obtención del producto analizado”.

Las autoridades regulatorias chinas exigen a las compañías que exportan granos o subproductos provenientes de materiales con eventos biotecnológicos que presenten un certificado de bioseguridad expedido por la empresa desarrolladora del mismo (el cual fue previamente validado por el Ministerio de Agricultura de China).

En función de esa exigencia, las autoridades de la filial argentina de Monsanto implementaron una serie de maniobras a través de las cuales hicieron imposible que los productores puedan vender soja 2015/16 si no aceptaban incorporar la “cláusula Monsanto” en los contratos de compraventa y canjes de soja, la cual habilitaba el cobro automático de regalías en caso de detectar eventos biotecnológicos patentados no declarados por el productor.

Es decir: el proceso para obtener el certificado de bioseguridad, que hasta entonces era sólo un trámite, pasó a ser un condicionante para que las principales compañías exportadoras aceptasen incorporar la cláusula contractual exigida por Monsanto, con el riesgo, en caso de no hacerlo, de que los embarques argentinos de soja comenzasen a ser rechazados al momento de llegar a las terminales portuarias de la nación asiática.

La solución que encontró en 2016 el entonces ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, para contrarrestar el sistema privado de control y recaudación implementado por la filial de Monsanto en las terminales portuarias argentinas fue recuperar el monopolio de la fiscalización de semillas –por medio de la resolución 207/16 del Inase– el cual, complementándose con el sistema Bolsatech, permitió que la gestión de los datos de análisis genéticos de la cosecha de soja permanezca en manos del Estado. El sistema Bolsatech fue sucesivamente prorrogado en las campañas 2016/17, 2017/18, 2018/19 y ahora también en la 2019/20.

A partir de la campaña 2018/19 se implementó el SISA, por medio del cual el empresario agrícola debe informar el origen de las semillas guardadas y sembradas de soja, trigo, arroz, arveja, cebada y maní. Si bien en SISA funciona en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), el Inase accede a toda información referida a semillas y puede sancionar a productores que hacen un uso indebido de semillas en el marco de lo permitido por la Ley de Semillas (Nº 20.247).