El Gobierno nacional completó este jueves la ronda de negociación con las seis provincias que reclamaron en la Corte Suprema la inconstitucionalidad del decreto que puso fin al Fondo Federal Solidario(FoFeSo), más conocido como fondo sojero, que se destinaba principalmente para obras en municipios. Las reuniones fueron una instancia que estipuló el máximo tribunal para buscar un acuerdo político ante las presentaciones de los distritos, aunque al no alcanzarlo la definición será judicial, si bien Nación reconoció “la legitimidad del planteo”, como explicó un ministro citado hoy.
Es decir, la Casa Rosada mantuvo firme los fundamentos por los que puso fin al FoFeSo a través de un decreto de Mauricio Macri de agosto del año pasado; y las provincias advirtieron que seguirán la instancia judicial ante la caída de fondos que fueron recortados en el marco de las discusiones del Presupuesto 2019 tras la asistencia al Gobierno del FMI, condicionada a un ajuste fiscal.
El martes pasaron por las oficinas del ministerio del Interior que comanda Rogelio Frigerio los responsables de Economía de Chubut y de Santiago del Estero, Luis Tarrío y Atilio Chara, respectivamente. Y ayer fue el turno de sus pares de Catamarca (Ricardo Sebastián Véliz), Formosa (Jorge Oscar Ibáñez), Tierra del Fuego (José Labroca) y Santa Cruz (Ignacio Perincioli).
Los funcionarios provinciales no recibieron con agrado que Nación los haya convocado en distintos horarios, una forma de licuar el reclamo conjunto de los mandatarios. “Este gobierno ha demostrado la convicción de fortalecer el federalismo y mantener una relación con las provincias basada en el diálogo”, dijo Caldarelli tras las reuniones, en las que también participó el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena.
Caldarelli añadió: “Los distintos acuerdos federales con las provincias así lo demuestra. Estamos mejorando los recursos que reciben e intentando desterrar la cultura de resolver los conflictos en la Justicia”. En resumen, Nación mantiene su postura sobre la legalidad del decreto de Macri que puso fin al FoFeSo, creado en 2009 durante el Gobierno de Cristina de Kirchner, que se nutría con 30% de las retenciones a las exportaciones de soja y que estaba destinado a financiar obras.
En las áreas encargadas de la negociación no dan ningún margen a una restitución del fondo y sostienen que “la argumentación de la eliminación del FoFeSo es sólida”, dijeron a este medio.
En la Casa Rosada sostienen que, pese a que los distritos dejaron de percibir u$s1.500 millones, ninguna obra se paralizó y recuerdan que se creó, además, un fondo compensatorio.
En cambio, desde Nación sí estaban dispuestos a atender reclamos puntuales, y de allí las reuniones mano a mano con cada distrito.En el rincón provincial, funcionarios señalaron a Ámbito Financiero que concurrieron “sólo a escuchar”. Una frase calcada de los enviados de los gobernadores. Es decir, no hubo contrapropuestas y mantendrán la vía judicial, ya que consideran que esas partidas estaban estipuladas en la firma del Pacto Fiscal de 2017.
Un ministro que se sentó ayer en la mesa confío que si bien no hubo acuerdo, “el Estado Nacional reconoció que el planteo era legítimo”. Afirmó que “seguirán conversando” pero que ahora las provincias deberán hablar para definir un “acuerdo colectivo”.En Formosa fueron más taxativos.
Con la instrucción directa del mandatario Gildo Insfrán de “escuchar pero no desistir del reclamo” llegó ayer a Buenos Aires el ministro de Economía, Jorge Ibáñez. “La quita del Fondo Sojero causó un daño económico millonario y un grave impacto social porque frenaron varias obras. Queremos saber cómo nos van a devolver la plata”, embistió el funcionario con letra también de la fiscal de Estado, Stella Maris Zábala.