La Sociedad Rural Argentina (SRA), junto a otras entidades del campo en el interior, como la Rural de Jesús María, presentó en la Justicia Federal de Córdoba un recurso de amparo para pedir la inconstitucionalidad del cobro de los derechos de exportación al sector.

Se estima que ingresarán por retenciones más de 10 mil millones de dólares.

La entidad ruralista considera que, desde el 1° de enero pasado, las retenciones ya no son aplicables por no haberse extendido la ley vinculada a la emergencia económica de 2019 porque el Congreso de la Nación no aprobó el último presupuesto de 2022 que incluía, entre otros puntos, una prórroga de una potestad al Poder Ejecutivo para la aplicación de los derechos de exportación.

En una conferencia de prensa donde la entidad anunció la presentación de la estrategia judicial, Nicolás Pino, presidente, dijo: “A nuestro modesto entender, al caerse la ley de emergencia y no aprobarse la ley de presupuesto, al no existir esos dos elementos a partir del 1° de enero las retenciones deberían ser cero”.

El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la ley de emergencia pública que delegaba en el Ejecutivo los derechos de exportación. Sin embargo, el 15 de diciembre último, mediante el decreto 851/21, el presidente Alberto Fernández fijó las alícuotas del impuesto para este año. En la Rural insisten que no tiene sustento legal al no haberse tratado la ley de presupuesto 2022 que incluía la prórroga por dos años de dicha facultad.