La Administración General de Puertos (AGP), conducida por el kirchnerista santacruceño José Beni, será el organismo oficial a cargo del servicio, aunque todo estaría supervisado por Transporte -ministerio bajo cuya órbita actúa- y algunas tareas, como el dragado, podrían tercerizarse con empresas privadas especializadas.
La normativa firmada por el presidente el jefe de Gabinete, establece un período de 12 meses “prorrogable hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación pública nacional e internacional encomendada por el plan de largo plazo que bosquejó el ex ministro Mario Meoni antes de morir en un accidente vial el 26 de abril pasado.
Además de los 12 meses referidos, se establece que la cartera conducida por Guerrera establecerá “la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema tarifa o peaje que percibirá la AGP… sin perjuicio de las subvenciones, subsidios y/o transferencias de aportes del Estado Nacional que transitoriamente resulte necesario efectuar, a los fines establecidos en el contrato”.
Esa última frase es llamativa, teniendo en cuenta que desde hace 25 años el servicio funciona con financiamiento privado, sin necesidad de aportes del Estado.
