La llamada ley “Martínez Raymonda” fue sancionada por unanimidad en el Congreso de la Nación a pocos días de asumir Cristina Kirchner en diciembre de 2007 y promulgada en enero del año siguiente.
Obligaba a las empresas a demostrar la tenencia del grano al momento de declarar las Declaraciones Juradas de Ventas al exterior.
Alberto Fernández podría hacer uso a esa ley para evitar perder más de 500 millones de dólares que las exportadoras de granos se evitaron ante una eventual suba de retenciones.
Las cerealeras compraron 30 millones de toneladas, el 25% de la nueva cosecha. Y aún tienen tiempo de seguir realizando esta operatoria con la intención de tributar menos impuestos en caso de suba de retenciones.
La Bolsa de Comercio de Rosario confirmó que las cerealeras y aceiteras habían comprado 29,4 millones de toneladas de la nueva cosecha.
Un aumento en las retenciones a los niveles del kirchnerismo del 2015 podría aportar 3 mil o 4 mil millones de dólares más al fisco para una campaña de 137 millones de toneladas estimada.
La posibilidad de usar la Ley Martinez Raymonda está al alcance de las manos del nuevo gobierno.
Algunos posibles integrantes del nuevo gobierno recuerdan el caso de la empresa NIDERA. La AFIP sancionó a la cerealera Nidera con una multa de 16,2 millones de dólares por diferencias de derechos de exportación, que derivó en la suspensión de la firma del registro de importadores y exportadores. NIDERA, cómo otras empresas, en noviembre del 2007 se adelantaron a la suba de retenciones que pasó del 27.5 al 35%.
En el 2007 las cerealeras se ahorraron 2 mil millones de dólares por esa operatoria. Ahora ya llevan descontados 500, millones pero el gobierno de Alberto Fernández tiene a mano una ley para impedirlo.
