El conflicto salarial entre las principales empresas agroexportadoras y los sindicatos aceiteros volvió a encender la tensión en el sector, generando preocupación por el posible impacto en el ingreso de divisas al país hacia fin de año. A pesar de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, las partes no lograron llegar a un acuerdo en la audiencia realizada este martes y se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 22 de octubre.
Según estimaciones del sector, aún restan liquidarse cerca de US$5000 millones de la cosecha pasada, a los que se sumará la producción de la nueva campaña 2025/26. En este contexto, cualquier freno en la actividad podría afectar el flujo de dólares, clave para sostener la estabilidad cambiaria.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) insistieron en que la negociación paritaria debe basarse en los índices oficiales de inflación:“Queremos insistir en la importancia de que los líderes sindicales traigan propuestas basadas en el índice del INDEC y logremos acordar prontamente, tal como se viene haciendo desde hace muchos años”, manifestaron en un comunicado publicado en X (ex Twitter).
La respuesta de los gremios no se hizo esperar. El secretario gremial del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA), Martín Morales, cuestionó duramente la postura empresarial:
“Está claro que se saltaron un capítulo con respecto a los derechos constitucionales de los trabajadores: el de las paritarias libres. Una vez más, las multinacionales queriendo crear un Estado paralelo a su favor”, expresó.
El sindicalista agregó que “en un Estado de derecho, los privados también deben respetar los derechos laborales”, dejando en claro que no cederán en su reclamo.
La conciliación, que rige desde el pasado 7 de octubre por un período de 15 días, fue dictada tras una huelga convocada por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y el SOEA San Lorenzo. Según los sindicatos, la medida se tomó “ante la respuesta insuficiente y provocadora de las cámaras patronales al reclamo paritario”, que busca un salario mínimo vital y móvil de $2.344.728.
Mientras tanto, el Gobierno observa con atención la evolución del conflicto, consciente de que una prolongación del enfrentamiento podría afectar el ingreso de divisas y sumar presión al frente económico en una etapa clave del año.
