En un acto celebrado en el Centro Cívico del Bicentenario, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentó un proyecto de ley para transformar la gestión de los caminos rurales no pavimentados de la provincia. El anuncio, acompañado por representantes del agro, propone una nueva estructura que refuerce el trabajo conjunto entre el Estado y los consorcios camineros.

La iniciativa busca consolidar un sistema integral con participación pública y privada, y estará encabezada por el Ministerio de Bioagroindustria como autoridad de aplicación. El esquema incluirá a la Asociación de Consorcios Camineros, los Consorcios Regionales, de Suelos, de Gestión y el Consorcio Caminero Único.

Durante el acto, Llaryora remarcó el contraste con el escenario nacional:
“En un momento donde el Estado se retira de la infraestructura, en Córdoba cumplimos con cada uno de los compromisos asumidos”, señaló.

Inversión directa y sistema de financiamiento

El gobernador anunció además una inversión inmediata de $12.500 millones, de los cuales $9500 millones estarán destinados a obras de enarenado y $3000 millones a la compra de nuevas motoniveladoras.

El financiamiento del nuevo sistema provendrá en gran parte del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que se nutre del 98% del impuesto inmobiliario rural. También se contemplan aportes de privados, donaciones, obras, y sanciones por daños a la red vial.

Camino a una nueva ley

Según explicaron las autoridades, el marco legal vigente para la red de caminos rurales se remonta a los años ’90. Por eso, el ministro Sergio Busso destacó la necesidad de una legislación actualizada:
“Lo más importante es tener buenos caminos, y eso requiere una herramienta moderna”, subrayó.

El proyecto ya está listo para ingresar a la Legislatura, y forma parte de una estrategia provincial que actualmente tiene en marcha 202 obras viales, con una inversión superior a los $3800 millones, y que prevé 243 intervenciones entre 2024 y 2025.

Reacciones del sector: apoyo y expectativas

Desde el sector agropecuario, el proyecto recibió un fuerte respaldo. Juan José Fabbri, presidente de la Asociación de Consorcios Camineros, destacó tanto el compromiso político como los recursos asignados. En tanto, Sebastián Laborde, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), resaltó la importancia de la infraestructura vial para la vida rural:
“Son la diferencia entre la vida y la muerte; en educación digna, en seguridad, en la llegada de los alimentos a la mesa de los argentinos”, afirmó.

En Córdoba operan 285 consorcios camineros, organizados en 19 regiones, y responsables de mantener más de 57.000 kilómetros de caminos rurales, lo que convierte a la provincia en la de mayor red vial rural bajo gestión descentralizada del país.

Maquinaria, equipamiento y modernización

Para reforzar la capacidad operativa de los consorcios, en lo que va del año la provincia distribuyó un tractor y un camión 0 km a cada región, con una inversión que supera los $5800 millones. Además, otorgó subsidios por $50 millones para renovación de maquinaria, que permitieron la compra de 153 tractores, 13 camiones, 27 desmalezadoras y 177 equipos viales, incluyendo niveladoras y palas cargadoras.

Un modelo que apuesta al desarrollo rural

Durante la presentación, participaron funcionarios, intendentes y referentes de las principales entidades del agro, quienes coincidieron en que más allá de los fondos, lo central es el compromiso sostenido con la conectividad, la producción y el desarrollo territorial.