Miles de personas se manifestaron este lunes frente a la Casa de Gobierno de Mendoza en contra de la modificación de la Ley 7.722, aprobada el viernes pasado, que habilitó la actividad minera con el uso de sustancias químicas.

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En lo que se considera la marcha más grande de la historia de la provincia, vecinos y activistas le exigen al gobernador Rodolfo Suárez que vete de manera urgente la legislación que le da vía libre al saqueo minero. Durante la marcha, se produjeron algunos choques con la policía, que lanzó gases lacrimógenes y disparó balas de goma para dispersar a los manifestantes.

El Gobierno mendocino destacó que tras la reciente aprobación en la Legislatura local de las modificaciones a la Ley 7.722 y aclaró que «quedó abierta la posibilidad de diversificar la matriz productiva».

«Se estima que la actividad pueda generar 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de seis de los proyectos principales y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta (servicios)», indicó en un comunicado y aseverón que quedaron abiertas las puertas para dar inicio a 19 emprendimientos.

De este modo, señaló la gobernación, «se posibilita no solo la diversificación de la matriz productiva, sino que además se reactivará una actividad que moverá en la provincia recursos por alrededor de u$s 349.234 millones (valor bruto del mineral), bajo estrictos controles que garantizan la protección del agua y del medio ambiente».

El cálculo fue hecho por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), tras realizar un informe acerca de los recursos que se podrán extraer. Los proyectos que podrían avanzar a partir de la aprobación de las modificaciones legales son Sierra Pintada (uranio), San Jorge (cobre y oro), Don Sixto (oro, ubicada entre San Rafael y Malargüe), Paramillos (plomo, plata y zinc), Elisa (cobre), Hierro Indio (hierro) y Paramillos Sur (cobre).

Desde la Camem explicaron que en los primeros cinco años, y con siete minas en producción, podrían generarse u$s 1.215 millones, lo cual incluye consumos en bienes y servicios por u$s 456 millones y otros u$s 342 millones en producción, por el compre local.

Oposición

Greenpeace sostuvo que: «La modificación permite el uso de mercurio, ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará la contaminación del agua de la provincia». Laura Vidal, miembro del área de campañas del organismo, declaró: «Es irrisorio que, durante la peor sequía desde que se tiene registro, la provincia haya decidido favorecer a la industria minera contaminante, en vez de proteger los recursos hídricos con los que cuenta».

A su vez, «Pino» Solanas, en diálogo con Radio Con Vos, sostuvo: “Soy un opositor absoluto a una Ley que es un símbolo como la 7722. Es un error enorme”. Además, agregó que “no se pueden llevar puestos a las poblaciones» y que «el peronismo nunca había enfrentado al pueblo y hoy el pueblo mendocino está en la calle”.

La CTA Autónoma de Ricardo Peidró y Hugo «Cachorro» Godoy recodaron que «este movimiento en defensa de los benes comunes es parte de la movilización que comenzara en 2002 en Esquel a la que luego se sumaron Famatina, Andalgalá, Jachal y que tuviera un hito hace pocos días en el paro de CTAA Chubut contra la megamineria».

«La CTA Autónoma ha ratificado en su segundo Congreso Extraordinario su compromiso en defensa de los bienes comunes y seguirá siendo parte de todas las luchas en defensa de nuestro ecosistema, nuestros recursos, el agua y la vida», agregó.