Así lo determinó un studio del presupuesto nacional de este año realizado por la Fundación Barbechando y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Un estudio del presupuesto nacional de este año realizado por la Fundación Barbechando y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), sostiene que menos del 10% del mismo está orientado a obras y desembolsos para el sector agropecuario.

Además, teniendo en cuenta que el 40% de la población vive en ciudades de menos de 100.000 habitantes, que predominantemente dependen de la actividad agropecuaria y que el sector aporta el 40% de los ingresos tributarios, “el Estado debería priorizar la inversión en el sector, proyectando la recaudación futura en campo que se inunda, no paga impuestos. Estamos en un momento donde desde la ejecución del presupuesto, se margina a la comunidad agroindustrial”, sostienen los especialistas de ambas entidades.

Frente a esta situación, desde Barbechando y ASAP recomiendan que los integrantes de la agroindustrial “deberían reclamar una asignación eficiente de los recursos del Estado en cuestiones fundamentales como el desarrollo productivo, el arraigo, la calidad de vida en el interior y la promoción comercial de los productos”.

Álvaro Tomás, presidente de la Fundación Barbechando, comentó a Infobae: “Originalmente, el estudio pretendía comparar el Presupuesto de 2018 con el de este año, pero a medida de que fuimos avanzando con el trabajo nos dimos cuenta de que la información que teníamos a nuestra disposición no permitía saber cuántos recursos se asignaban a la agroindustria, y la carencia era mayor a nivel provincial y municipal. Por eso, viramos nuestro análisis y nos enfocamos en conocer cuánto gasta el estado en materia agroindustrial”.

El informe determinó que el gasto público total (Nación, Provincia y Municipios) es de 6 billones de pesos: Nación administra el 60,7% del gasto, las provincias el 31,7%, y los municipios el 7,6% restante. Este monto, que representa el 43,6% del PBI, incluye 65% de gasto social, principalmente destinado a educación, salud y jubilaciones.

Los municipios y los gobiernos provinciales son los grandes actores. Cerca de 18 millones de personas viven en municipios de menos de 100.000 habitantes, donde la actividad agroindustrial tiene un rol predominante. “Es por eso que el principal aliado en la discusión presupuestaria deben ser los vecinos de las ciudades del interior”, precisó Álvaro Tomás. Por otro lado, el Estado es el principal actor en la asignación de recursos para infraestructura, como inversor directo, o fomentando la inversión privada.