Dos proyectos de la oposición reabrieron el debate sobre la necesidad modificar la norma para ampliar la matriz productiva de la provincia. Federación Agraria y sindicatos iniciaron movilizaciones para pedir que no se toque le ley. 

Después de la sanción de la ley 7722 en 2007 y del rechazo de la Suprema Corte a los planteos de inconstitucionalidad -en abril del año pasado-, el tema de la minería parecía resuelto en Mendoza hasta que este mes dos proyectos de la oposición reabrieron el debate sobre la necesidad modificar la norma para ampliar la matriz productiva de la provincia.

A pesar de que las iniciativas surgieron de dos peronistas, el oficialismo en la Legislatura se apresuró a abrir el debate. El miércoles se espera que se discutan las propuestas de los senadores Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) y Juan Agulles (PJ) en una reunión conjunta de las comisiones de Hidrocarburo, Minería y Energía, y Legislación y Asuntos Constitucionales.

Desde el oficialismo se muestran cautos a fijar una posición pero sí se expresaron abiertos al debate. Hasta el gobernador Alfredo Cornejo aseguró a Los Andes que hay que deliberar sobre el tema en la Casa de las Leyes.  Genera incertidumbre que no hay una postura partidaria fijada de parte de Cambia Mendoza, que tiene mayoría en la Cámara Alta. La minería genera un quiebre en todos los bloques.

Representantes del  Consejo Empresario Mendocino, la Federación Económica de Mendoza y la Unión Industrial de Mendoza presentaron un diagnóstico de la situación económica de la provincia y plantearon la necesidad de desarrollar actividades productivas vinculadas a los recursos naturales.

En General Alvear las más de 30 entidades que conforman la muiltisectorial (Cámara de Comercio, Federación Agraria, sindicatos entre otras) iniciaron movilizaciones para pedir que no se toque le ley y en el Concejo Deliberante los ediles de la UCR, el Pro y el PJ, unificaron en torno a una resolución que solicita directamente archivar el proyecto de reforma de la 7.722.

En la misma línea, Walther Marcolini, jefe comunal alvearense, no titubeó al momento de asegurar que  “vamos a defender el agua y la ley, entendemos que no hace falta modificarla porque no prohíbe la actividad minera sino que establece niveles de control a la actividad”.