La eliminación transitoria de las retenciones, que duró apenas 72 horas hasta alcanzar la meta de US$7.000 millones en liquidaciones, sigue generando polémica en el agro y en el escenario político. Mientras las entidades de la Mesa de Enlace advierten que el beneficio solo favoreció a las grandes cerealeras, el titular de ARCA, Juan Pazo, defendió la medida y llamó a los productores a “no vender barato”. Al mismo tiempo, legisladores de la oposición comenzaron a instalar el tema en el Congreso, de cara a las elecciones de octubre.
Coninagro fue una de las últimas entidades en pronunciarse. Si bien celebró el “camino” hacia la eliminación de este tributo, cuestionó que la medida no derramó en los productores: “Fue una ventana de oportunidad para unos pocos”. En la misma línea, la Federación Agraria sostuvo que se trató de una “brutal transferencia” desde pequeños y medianos chacareros hacia los grandes exportadores, y advirtió que “miles de familias del interior productivo quedaron desprotegidas”.
Desde CRA, su presidente Carlos Castagnani reclamó previsibilidad y pidió extender la suspensión de retenciones al menos hasta el 31 de octubre. “El sector necesita reglas claras y duraderas. No se apresuren: defendamos el fruto de nuestro trabajo”, dijo durante un acto en Córdoba, marcando un tono de resistencia frente a las cerealeras.
En medio de las críticas, Pazo salió al cruce: aseguró que durante los tres días de vigencia de la medida la soja se pagó hasta US$350 por tonelada, por encima de los valores previos, y que el agro tiene hoy “una oportunidad de negociar en mejores condiciones”. Además, defendió que la política contribuyó a bajar el tipo de cambio, las tasas y el riesgo país, insistiendo en que “ningún gobierno fue tan consistente en bajar impuestos con superávit fiscal”.
La controversia llegó también a la arena electoral. El diputado radical Rodrigo De Loredo pidió aplicar la ley que obliga a los exportadores a respaldar sus DJVE con mercadería, mientras que Ramón Mestre denunció que la operatoria fue “un acuerdo absoluto con las cerealeras” y “un manotazo a la renta del campo disfrazado de alivio”. A su vez, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, presentó un pedido de informes para que el ministro Caputo aclare si se verificó la existencia de los bienes declarados.
El debate sobre las retenciones, lejos de cerrarse, amenaza con convertirse en uno de los ejes de la campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre, en un contexto en el que el Gobierno busca mostrar señales de estabilidad fiscal mientras el agro reclama previsibilidad y reglas claras a largo plazo.
