SanCor atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. A la delicada situación económica y laboral que arrastra desde hace años, se suma ahora un frente judicial de alto impacto: la imputación de dos de sus expresidentes, José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, por presunta evasión fiscal y apropiación indebida de aportes previsionales por $1644 millones.
Ambos fueron citados a declarar el próximo 12 de noviembre ante el Juzgado Federal de Rafaela, en el marco de la causa “SanCor Cooperativas Unidas Limitada y otros s/ infracción Ley 27.430”.
Según la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los exdirectivos estarían involucrados en maniobras contempladas en el artículo 7 del Régimen Penal Tributario, que penaliza la retención y no depósito de los aportes destinados a la seguridad social.
El caso abarca 32 períodos fiscales y se originó a partir de denuncias de trabajadores y auditorías realizadas por la AFIPy el INAES. Los informes periciales concluyeron que los montos retenidos de los salarios no fueron depositados en los sistemas previsionales ni en las cuentas de las obras sociales correspondientes.
Deudas, denuncias y crisis sindical
El contexto de SanCor agrava el panorama. El Comité Provisorio de Control detectó irregularidades en el manejo de fondos de la mutual y del sindicato, lo que derivó en nuevas presentaciones ante la Justicia Federal. Paralelamente, la cooperativa continúa tramitando un concurso preventivo de acreedores en el fuero civil y comercial de Rafaela, mientras enfrenta deudas millonarias con proveedores, organismos públicos y empleados.
La situación laboral es igualmente crítica. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) organizó recientemente una movilización masiva frente a los tribunales de Rafaela, con más de 600 trabajadores que rechazaron el “Plan de Crisis” propuesto por la empresa.
“Marchamos por nuestros derechos, nuestras familias y la justicia. Este plan es inaceptable”, afirmó un vocero del gremio durante la protesta, que reclamó el pago de sueldos atrasados —algunos con hasta cinco meses de demora— y la suspensión de los 304 despidos previstos, que se sumarían a más de mil cesantías desde 2019.
ATILRA impulsa, además, más de 300 pedidos de quiebra con continuidad productiva, con el objetivo de mantener en funcionamiento las plantas y garantizar los puestos de trabajo.
Una audiencia clave
La audiencia del 12 de noviembre será determinante para definir el rumbo del caso. Allí comenzarán las declaraciones de los exdirectivos, en un escenario donde se cruzan la investigación penal, la crisis económica de la cooperativa y los reclamos de los trabajadores.
Mientras tanto, SanCor (que alguna vez fue símbolo de la industria láctea nacional) enfrenta un futuro incierto. La combinación de problemas financieros, conflictos laborales y causas judiciales pone en jaque a una empresa que llegó a ser referente en el mercado y sustento de miles de familias en el interior del país.
