Esto se debe al bloqueo del organismo para movilizar animales, lo que ha generado sobrepoblación en exceso, y consecuentemente la mayoría de ellos quedarán sepultados bajo los efectos devastadores de las primeras nevadas invernales en la cordillera. Todo ello ocurre pese a la existencia de una medida cautelar dictada por la Justicia, cuyo fin establecía que no debía bloquearse la operación comercial de las compañías.
Según dichos de la defensa, este accionar es ilegal y agrede abiertamente las medidas cautelares dictaminadas por el juez de instrucción el 14 y 15 de julio de 2016, cuyo fin era resguardar y preservar los activos societarios, y no por el contrario, pretender destruirlos.
“El paso final del arbitrario accionar del SENASA y sus autoridades está próximo a su desenlace y consiste, ni más ni menos, que en la inminente muerte de 30.000 animales por falta de alimento y condiciones aptas para soportar el invierno”, dice el texto presentado al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, a cargo de los Sres. Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Rios, y que al día de hoy se encuentra sin resolver, pese a las urgencias esgrimidas.
La sobrepoblación, que suma aparte el deterioro irreversible de los campos y que los volverá estériles, se debió a “la caprichosa negativa del SENASA a permitir su comercialización” hace más de un año pese a lo dispuesto por la Justicia. Este despropósito “sólo se justifica en el afán del SENASA de dañar” a los dueños de esos campos “por el daño mismo”. Es que la medida cautelar en la que se amparan las empresas subraya que en relación con las sociedades inhibidas, no se deberá afectar el giro comercial ordinario vigente.
