Incluiría un cambio en el nuevo esquema de Bienes Personales que achicaría la presión de este impuesto para el sector agropecuario.

La decisión del Gobierno nacional, en acuerdo con la oposición “dialoguista”, de avanzar en una modificación del impuesto a los Bienes Personales que perjudica a las viviendas rurales disparó una catarata de críticas en el sector agropecuario.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (Ceea) emitió un duro comunicado sobre el tema, en el que hablaba de un “impuestazo”.

Tras tomar nota de este malestar en el agro, que se suma al que generó la reimplantación de las retenciones y la posibilidad de incrementarlas hasta el 33 por ciento para la soja, finalmente Cambiemos incluiría un cambio en el nuevo esquema de Bienes Personales que achicaría la presión de este impuesto para el sector agropecuario.

Entonces, Cambiemos acordó con la oposición “dialoguista” que los inmuebles rurales sí deberán pagar Bienes Personales, pero tendrán un trato diferencial con respecto al resto de los contribuyentes, al establecer que se aplicará una única alícuota, de 0,25 por ciento, sobre todas las propiedades con más de dos millones de pesos de valuación fiscal.

De esta manera, los grandes establecimientos agropecuarios no pagarán más que los propietarios de campos más chicos, a diferencia del resto de los contribuyentes de Bienes Personales a quienes se aplican alícuotas superiores a 0,25 si sus bienes tienen un mayor valor. En el proyecto original figuraba únicamente que los inmuebles rurales dejarían de estar exentos de pagar Bienes Personales.

El argumento original del oficialismo para sumar esta mayor presión fue que los inmuebles rurales estaban exentos porque estaban gravados con Ganancia Mínima Presunta, un tributo que a partir del 1° de enero próximo dejará de existir como consecuencia de la reforma tributaria del año pasado.