“Interviénese por el término de 180 días la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina – OSPRERA (RNAS Nº 1-1930-2), facultándose al Ministerio de Salud a prorrogar dicho plazo, de considerarlo necesario para la consecución del objetivo del presente acto”.
Así dice el artículo 1° del decreto 720/2024 que el Poder Ejecutivo publicó este lunes en el Boletín Oficial, y que oficializa la medida anunciada la semana pasada de quitarle a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) el control de su obra social. Esto sucede a menos de un mes después que la propia UATRE celebrara que había retomado el mando de la misma, tras un largo conflicto judicial.
La función de esta persona será “elevar a la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Salud, un informe mensual de su gestión, tendiente a la normalización de la citada Obra Social, con el detalle de la situación institucional de la entidad y su evolución administrativa y prestacional”, subraya el documento.
Cuando se trata de argumentar los motivos que llevaron a esta decisión, el decreto cita una auditoría realizada sobre los aspectos institucionales, prestacionales, contables y jurídicos, “que permiten advertir una serie de infracciones, incumplimientos e inobservancias en que incurre Osprera, de incuestionable gravedad”.
“Quedan evidenciadas las dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que pone en riesgo su estabilidad financiera a corto y mediano plazo”, aclara el comunicado.
