A través de un comunicado, el gobierno envió a once empresas de alimentos, cosmética y limpieza fue una imputación, es decir, una acusación en torno a un incumplimiento de una norma. “La Secretaría de Comercio, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), imputó a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”, dice el primer párrafo del texto.
El presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, remarcó que “cayeron muy mal estas intimaciones”, ya que “muchas de estas empresas fueron invitadas la semana pasada a la reunión por el acuerdo social y no había señales de meter en el medio imputaciones de desabastecimiento con invocación de una ley inconstitucional como es la de Abastecimiento, con costos incrementados más de un 30%-35% y precios congelados”.
El ministro de producción Matías Kulfas afirmó que “es una gran preocupación del gobierno de que no falte ningún producto importante en la mesa de los argentinos”. Por otra parte, negó que haya habido desabastecimiento durante la pandemia.
