El bloque Justicialista de la Cámara de Diputados presidido por Pablo Kosiner presentó este jueves un proyecto de ley para la derogación del reciente DNU de Macri.

El bloque Justicialista de la Cámara de Diputados presidido por Pablo Kosiner presentó este jueves un proyecto de ley para la derogación del reciente Decreto de Necesidad y Urgencia 756/18 sobre la eliminación del Fondo Federal Solidario. En tanto, la provincia de Tucumán, será el primer distrito en presentar un amparo judicial ante la Corte Suprema de Justicia contra la medida del Ejecutivo.

La iniciativa de Kosiner se suma así a las presentadas ayer por los legisladores Andrés Zottos, del justicialismo salteño, quien planteó un proyecto de Resolución para que la Cámara baja exprese su «más enérgico rechazo» al decreto y el de la diputada del Movimiento Evita, Lucila de Ponti que también plantea la derogación.

«Estamos frente a recursos con asignaciones específicas, que son el resultado de mecanismos de negociación y concertación, consustanciales con un modelo de federalismo solidario y sustantivo», sostiene el proyecto firmado por los diputados del interbloque Argentina Federal.

A su vez, según detalló Ámbito.com, la iniciativa advierte que la decisión del Gobierno nacional «repercute de manera drástica sobre las economías provinciales a mitad de la ejecución presupuestaria de este año».

«Esperamos que el resto de las fuerzas políticas de la oposición se sumen al rechazo de esta medida del Ejecutivo que no tiene en cuenta los resultados negativos para el desarrollo de nuestro país y la falta de previsibilidad que esto implica», afirmaron desde el bloque Justicialista.

En tanto, el fiscal de la provincia de Tucumán, Daniel Leiva, adelantó que la presentación se realizará entre este jueves y el viernes. En diálogo con Radio Universidad, Leiva dijo que la normativa «ocasiona un impacto en lo económico y una alta fricción institucional con respecto al Gobierno nacional; dispone quitarle el dinero a las provincias y hacerlo ingresar a las arcas de Nación».

Según adelantó Leiva, la iniciativa del Gobierno tucumano está siendo analizada por las Fiscalías de Estado de otras provincias, que podrían sumarse al reclamo. «La mayoría (de las fiscalías) ya ha manifestado la coincidencia con esta idea fuerza de cada uno de salir a proteger los derechos de sus respectivas provincias y municipios», detalló el funcionario.

Leiva cuestionó los alcances del decreto, puesto que las sumas provenientes del fondo sojero están presupuestadas en cada una de las jurisdicciones provinciales y sus distintos municipios. «La Ley de Presupuesto del año en curso incluye ese concepto en el artículo 117, donde dice que las sumas van a ser distribuidas en las distintas provincias», dijo.

Leiva recordó además, según publicó el diario La Gaceta, que Tucumán fue una de las provincias que suscribió el Consenso Fiscal, acuerdo firmado el 16 de noviembre de 2017 entre la Nación y las provincias, en el que se acordaron distintos derechos y obligaciones tanto para el Gobierno nacional como para los diferentes distritos. «Hasta acá, Tucumán ha cumplido con todos y cada uno de los compromisos asumidos en esa ocasión; no así Nación que ya empieza a incumplir, por una decisión unilateral, violentando de tal manera la buena fe que debe primar en todo acuerdo de esta naturaleza», dijo.