El mes pasado la cámara de exportadores de biodiesel CARBIO y la Cancillería anunciaron el arribo a un acuerdo con los países europeos, luego de meses de investigación por el cobro de subsidios a la producción de biodiésel argentino. Los resultados de esa pesquisa quedaron plasmados en la extensa Decisión de Ejecución 244. Aunque los productores locales siempre negaron la acusación, la Comisión europea determinó en esa resolución la aplicación de un “derecho compensatorio” a los productores.
Sin embargo, los empresarios enrolados en CARBIO ofrecieron a través del Gobierno nacional una solución amistosa al conflicto, un “compromiso”:eliminar los aranceles a cambio de precios mínimos.
Los términos de ese acuerdo quedaron establecidos en la resolución 245/2019. “Se aceptan los compromisos ofrecidos por los productores exportadores enumerados a continuación junto con la Cámara Argentina de Biocombustibles («CARBIO») en relación con el procedimiento antisubvenciones relativo a las importaciones de biodiésel originario de Argentina”, sostiene la norma. Las dos Decisiones llevan la firma del luxemburgués Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión.
En concreto, se fijó que el precio de venta estará vinculado al valor promedio mensual del grano de soja publicado por la Secretaría de Agroindustria, que ya reflejan la inclusión de las retenciones por la comercialización al exterior de la oleaginosa. A su vez, las cifras provistas por la cartera de Miguel Etchevehere deberán estar basadas en los precios de cierre del mercado de futuros de granos de Chicago. Los europeos no aceptaron cotizaciones domésticas.
Las ocho empresas que asumieron el compromiso son Aceitera General Dehesa (AGD), Bunge Argentina, Louis Dreyfus Company (LDC) Argentina, Molinos Agro, Oleaginosa Moreno Hermanos, Vicentin, Cargill y COFCO International Argentina.
