La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación detalló los beneficios que traerá para el agro el nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), incorporado en la Ley de Modernización Laboral. La iniciativa apunta a dinamizar las PyMEs agroindustriales con herramientas fiscales y laborales que buscan estimular la inversión productiva.
El esquema fue diseñado como complemento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y alcanza proyectos desde US$150.000 en microempresas hasta US$9 millones para medianas tramo 2.
Incentivos para invertir en el campo
El foco del RIMI está puesto en inversiones productivas, entre ellas:
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Compra, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables en Ganancias.
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Obras destinadas directamente a la producción.
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Inversiones estratégicas sin monto mínimo en:
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Sistemas y equipos de riego.
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Bienes de alta eficiencia energética.
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Mallas antigranizo.
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Bienes semovientes.
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Beneficios impositivos
Entre las principales ventajas fiscales se destacan:
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Amortización acelerada:
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En una sola cuota para inversiones estratégicas sin mínimo.
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En dos cuotas para bienes muebles.
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IVA más rápido: los créditos fiscales podrán computarse luego de tres períodos fiscales mensuales.
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Reducción del IVA en energía eléctrica utilizada en equipos de riego con destino agroindustrial.
Nuevo sistema de valuación de hacienda para establecimientos de invernada y feedlot, que impacta en el cálculo del Impuesto a las Ganancias y reduce el resultado por tenencia de cada ejercicio.
Cambios en el régimen laboral agrario
El paquete también introduce modificaciones en el marco laboral:
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Se redefine la subcontratación y cesión, estableciendo relación directa con quien registra al trabajador y limitando la responsabilidad solidaria.
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Se amplía el período de prueba a ocho meses.
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Se habilita la continuidad de contratos temporarios sucesivos.
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Se eliminan las remuneraciones mínimas fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que pasan al ámbito de la negociación colectiva.
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Se establece la compatibilidad entre trabajo rural temporario y prestaciones sociales, garantizando la continuidad de asignaciones familiares.
Desde la cartera que conduce Sergio Iraeta sostienen que el objetivo es “fomentar la inversión, promover el empleo formal y adaptar la normativa laboral a las dinámicas actuales del campo”, en un contexto donde el Gobierno busca fortalecer el perfil exportador del sector agroindustrial.
