La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta), integrada dentro de ATE, anunció que profundizará sus acciones de protesta frente al decreto del Gobierno que reestructura el funcionamiento del organismo. Desde el sindicato advierten que la medida significa un desmantelamiento del INTA y pone en riesgo su histórico rol en el desarrollo del sector agropecuario.
Entre las iniciativas que pondrán en marcha se encuentran tomas simbólicas de edificios del organismo y la presentación de amparos judiciales para frenar la implementación de la reforma. Además, buscarán apoyo político a nivel federal para frenar el avance del decreto en el Congreso.
“Vamos a trazar bien la estrategia de presentar amparos y cuántos”, adelantó Mario Romero, secretario general del gremio, en declaraciones radiales.
Denuncian vaciamiento institucional y pérdida de autonomía
Uno de los puntos más cuestionados por Apinta es la pérdida de autarquía del organismo. El decreto transforma el consejo directivo en un ente meramente técnico, sin capacidad de decisión, y transfiere el control financiero a la Secretaría de Agricultura y al Ministerio de Economía. A la vez, designa como director a Nicolás Bronzovich, quien tendrá rango de secretario de Estado.
También se reduce la participación de actores clave en la gestión del instituto, como las universidades públicas y organizaciones del ámbito privado, como el movimiento CREA. Además, las nuevas estaciones experimentales deberán contar con la aprobación ministerial, un requisito que hasta ahora no era necesario.
“Esto que hicieron es la destrucción del INTA”, sostuvo Romero. Según el dirigente gremial, se busca transformar al organismo en “un organismo pequeño, sin capacidad territorial, orientado a comprar soluciones externas en lugar de generarlas”. En esa línea, denunció que podrían cerrarse unas 300 unidades de extensión y declararse prescindibles a 1500 trabajadores.
Críticas al enfoque centralista y al silencio del agro
Para Romero, el rediseño impulsado por el Ejecutivo responde a una lógica centralista:
“Es un modelo que no contempla a las economías regionales”, afirmó, cuestionando la mirada centrada en la región núcleo del país.
Además, lamentó la falta de reacción de las principales entidades agropecuarias, nucleadas en la Comisión de Enlace, frente a lo que consideran una reforma regresiva:
“No están actuando como lo hicieron frente a otras medidas, como el aumento de retenciones”, remarcó.
El Gobierno justifica la reforma por razones de eficiencia
Desde el Ejecutivo defendieron el rediseño del INTA argumentando razones presupuestarias y de funcionamiento. Indicaron que el organismo cuenta con más de 6000 empleados y maneja un presupuesto superior a los $229.000 millones, por lo que consideran justificada su reorganización. También mencionaron “desvíos ideológicos” y baja eficiencia como motivos para avanzar con la reforma.
