La medida, que comienza a regir a partir del primero de marzo, beneficia a 24.000 empresas que emplean a más de 250.000 trabajadores en todas las provincias del país y genera incentivos para la formalización de aquellos trabajadores que se encuentran en la base de la escala salarial, segmento que tiende a ser de los más afectados por la informalidad laboral.
Las economías regionales alcanzadas son, entre otros, los cultivos de vid, tabaco, manzana y pera, frutas cítricas, frutas tropicales, secas, bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto, yerba mate y frutas de carozo. Además incluye cultivos como maní, sésamo y jojoba. También, las productoras de vinos, azúcar, leche bovina, pescados de mar y crustáceos, muebles, conservas de frutas, huevos, hortalizas y legumbres, arroz, yerba mate y jugos naturales, entre otras. Las empresas que llevan adelante estas actividades corresponden en gran porcentaje a PyMEs y tienen un peso fundamental en la economía de la provincia o región donde se encuentran.
Con esta medida, al sector le corresponde aplicar, a partir de marzo de 2019, un mínimo no imponible de $17.500 en vez de $7.004 vigente para este año.
La Reforma Tributaria de 2017 estableció una detracción de $12.000 sobre la base imponible de las contribuciones patronales (actualizable por IPC a partir de 2019), aplicado de forma escalonada entre los años 2018 y 2022. El anuncio adelanta esos beneficios que los productores percibirían recién en 2022, pero en su totalidad, con aplicación directa para aquellos que estén registrados en los actividades alcanzadas.
