Es por la «supuesta entrega de información privilegiada» desde la dependencia del Secretario de agroindustria a entidades agropecuarias que anticipaban la suba de las retenciones al campo.
La oposición en la Cámara de Diputados presentó un pedido de interpelación al secretario de Agroindustria, Luis Etchevehere, por la «supuesta entrega de información privilegiada» desde su dependencia a entidades agropecuarias que anticipaban la suba de las retenciones al campo.
Según detalla Clarín, la motivación del pedido está fundamentado en que entre el jueves 30 y el viernes 31 de agosto (el Gobierno anunció la suba de los impuestos a las exportaciones el lunes siguiente) «las firmas exportadoras de granos anotaron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior por alrededor de 8,5 millones de toneladas de granos, algo así como u$s 2.250 millones, cifras muy por encima de lo habitual para dos días de operaciones», según plantea el escrito.
El pedido es impulsado por los diputados del Bloque Justicialista Diego Bossio, Pablo Kosiner, Sergio Ziliotto y Juan José Bahillo y los massistas Graciela Camaño y Marco Lavagna.
«En un momento en que las cuentas públicas están al límite se permitieron estas operaciones», apuntó el diputado Bossio.
«Es grave lo que pasó y el secretario tiene que venir a dar explicaciones al Congreso», completó la diputada Camaño, jefa del bloque del Frente Renovador. El pedido de interpelación también sirve de termómetro de cómo está la relación entre este sector de la oposición y el Gobierno en medio de la discusión de la ley de Presupuesto.
En el escrito, al que accedió Clarín, se le pregunta a Etchevehere: ¿Cuáles son los fundamentos concretos por los que usted decidió mantener abierto el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de granos, oleagionosas y subproductos (RDJVE) hasta el viernes 31 de agosto a las 14 horas, cuando desde muchos días previos el periodismo y los principales operadores de mercado daban por descontado un cambio en el esquema de retenciones?».
Sigue: «¿No hubiese sido la actitud prudente de la máxima autoridad del registro cerrar la posibilidad de anotar exportaciones dos días previos a lo que efectivamente ocurrió evitando así un perjuicio al erario público de aproximadamente 200 millones de dólares por lo que se dejó de recaudar por esa “maniobra” de los exportadores?».
Y completa: «Una vez ocurrida su conducta, como mínimo negligente, y ante el perjuicio concreto acaecido, ¿qué medidas tomó? ¿Impulsó la anulación de esos registros anotados esos dos días? ¿Efectuó alguna denuncia? ¿Inició algún sumario interno por posible fuga de información privilegiada?».
El pedido deberá ser tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales. La intención de la massista Graciela Camaño es que se le dé prioridad.
